• Problemática: Citlali es una niña indígena mazahua con síndrome de Down que fue discriminada por las autoridades escolares de su comunidad, al no permitírsele inscribirse a su escuela. 

• Objetivo del amparo: Que el Estado, en sus distintas ramas y niveles, cumpla sus obligaciones en materia de presupuesto, formación docente, sensibilización, infraestructura y materiales, para lograr una verdadera inclusión educativa para Citlali. 

• En octubre de 2019, la Suprema Corte concedió el amparo ordenando, entre otras cosas, que se inscriba formalmente a Citlali en la escuela primaria de su comunidad, se elabore un plan individual de trabajo y aprendizaje para ella, resolver problemas de infraestructura, capacitar a familias, alumnas y alumnos, y docentes en temas de discapacidad y educación inclusiva

• Problemática o contexto: A pesar de tener más de 100 alumnos, la escuela ubicada en el municipio de Xochihuehuetlán (“Xochi”), Guerrero no contaba con ningún tipo de servicio de agua, luz o drenaje. Los “salones” se sostenían con horcones de madera, techos de lámina, carrizo, alambre de púas, malla alambrada y zarapes, por lo que en los hechos se trataba de una “escuela de palitos”.

• Objetivo: Activar a la comunidad de Xochi para reclamar la reparación de los daños ocasionados por la negligencia de las autoridades en proveer una infraestructura educativa adecuada para el aprendizaje.

• Resolución: Mediante sentencia emitida en marzo de 2019 se resolvió que no se acreditaron la totalidad de los elementos de la acción instaurada en contra de las autoridades demandadas, por lo cual fueron absueltas de los daños reclamados.

• Principales logros y aprendizajes: A pesar del desenlace desfavorable en tribunales, gracias a una intensa campaña mediática y de presión social durante la promoción de la acción colectiva, la comunidad de Xochi sí logró que las autoridades construyeran una escuela digna para las niñas y niños de la comunidad.

• Problemática o contexto: Por lo menos desde 2007, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó desvíos millonarios de recursos destinados al pago de docentes; sin embargo, no hizo uso de sus facultades para promover los procedimientos de responsabilidad administrativa, penales y resarcitorios correspondientes.

• Objetivo: Que el Estado garantice el derecho a aprender de niñas, niños y adolescentes a través de un gasto educativo transparente y eficiente, y ejerza todas sus facultades de fiscalización y recuperación para evitar irregularidades en los recursos del ramo educativo.

• Resolución: En mayo de 2015, la Suprema Corte concedió el amparo y la sentencia quedó enteramente cumplida en noviembre de 2015, recuperando mil 266 millones 400 mil 231.03 pesos, acreditados ante el Juzgado de Distrito por la ASF, así como cerca de 100 denuncias penales por los desvíos correspondientes a los Ejercicios de 2009 y 2010.

• Principales logros y aprendizajes: La Suprema Corte reconoció el interés legítimo de Aprender Primero para defender el derecho a aprender. Adicionalmente, la Primera Sala emitió trece tesis aisladas derivadas de la resolución del asunto, que establecen criterios valiosos en relación al ejercicio del gasto y el cumplimiento del derecho a la educación.

• Problemática o contexto: Los jóvenes de la Comunidad de Tratamiento Especializado para Adolescentes (CTEA) de San Fernando se encontraban doblemente castigados: (i) por sus conductas delictivas, y (ii) por la deficiencia en la garantía de su derecho a la educación. 

• Objetivo del amparo: Que el Estado garantice el derecho a aprender de los jóvenes en las CTEA, en las mismas condiciones que si se encontraran en libertad. 

• Estado actual: En diciembre de 2020 quedó firme la sentencia del Tribunal Colegiado, mediante la cual ordenó, entre otras cosas, el diseño de planes y programas de estudios adaptados a las necesidades de los internos, la asignación de personal docente capacitado y el suministro de material educativo. Desde ese entonces, Aprender Primero ha vigilado su cabal cumplimiento.

La estrategia se ha centrado en demostrar que la LGSCMM (2019) desmantela el sistema de mérito y transparencia en la educación pública. Los argumentos sostenidos en cada instancia son:

• Violación a la Reserva de Ley

• Discriminación en el Acceso .

• Captura Sindical ("mesas tripartitas")

• Opacidad Sistémica