Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos

En México, los criterios emitidos por la Corte Interamericana de Derechos humanos (CIDH) resultan obligatorios para los jueces mexicanos  al momento de resolver un asunto, independientemente de que el Estado Mexicano sea parte de un litigio. La Convención Americana sobre Derechos Humanos o “Pacto de San José”, que fue ratificada por México en 1981, estableció dos órganos competentes para conocer de las violaciones a los derechos humanos: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (la “CIDH”).
  • De acuerdo al ‘Pacto de San José la CIDH tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que le sea sometido, siempre que los Estados partes en el caso hayan reconocido o reconozcan dicha competencia.
  • La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos explícitamente establece en su artículo 1º constitucional que: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personasgozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”. En este sentido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una jurisprudencia en el año 2014 en la que estableció que: “Los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con independencia de que el Estado Mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho tribunal, resultan vinculantes para los Jueces nacionales (…).
  Por lo anterior en México, independientemente de que el Estado Mexicano sea parte de un litigio ante la CIDH, los criterios emitidos por dicha corte resultan precedentes obligatorios que los jueces mexicanos deben considerar  al momento de resolver un asunto. Casos de la CIDH sobre inclusión educativa  (i) Interés Superior de la Infancia:
  • “este Tribunal ha establecido que en materia de derecho a la vida de los niños, el Estado tiene, además de las obligaciones señaladas para toda persona, la obligación adicional de promover las medidas de protección a las que se refiere el artículo 19 de la Convención Americana. Por una parte, debe asumir su posición especial de garante con mayor cuidado y responsabilidad, ydebe tomar medidas especiales orientadas en el principio del interés superior del niño”[ CIDH, Yakye Axa vs. Paraguay, 6 de febrero de 2006, párrafo 169].
  • “(…)la verdadera y plena protección de los niños significa que éstos puedan disfrutar ampliamente de todos sus derechos, entre ellos los económicos, sociales y culturales, que les asignan diversos instrumentos internacionales. Los Estados Partes en los tratados internacionales de derechos humanos tienen la obligación de adoptar medidas positivas para asegurar la protección de todos los derechos del niño.” [. Corte IDH. Opinión Consultiva OC 17/02, 28 de agosto de 2002, párrafo 8.]
(ii) Derecho a una vida digna y derecho a la educación:
  • “Esta Corte ha establecido quela educación y el cuidado de la salud de los niños suponen diversas medidas de protección y constituyen los pilares fundamentales para garantizar el disfrute de una vida digna por parte de los niños, que en virtud de su condición se hallan a menudo desprovistos de los medios adecuados para la defensa eficaz de sus derechos…” [CIDH, Xákmok Kásek vs. Paraguay, 24 de agosto de 2010, párrafos 258.]
(iii) Acceso a la educación:
  • Igualmente no se asegura por parte del Estado ningún tipo de programa para evitar la deserción escolar…. En suma, este Tribunal destaca que la asistencia estatal brindada a raíz del Decreto No. 1830 de 17 de abril de 2009no ha sido suficiente para superar las condiciones de especial vulnerabilidad que dicho Decreto comprobó existían en la Comunidad Xákmok Kásek.”[ CIDH, Xákmok Kásek vs. Paraguay, 24 de agosto de 2010, párrafos 213 y 214]
  • “En el presente caso, la Corte reconoció la situación de vulnerabilidad en que se encontraron las niñas Yean y Bosico al no obtener la nacionalidad dominicana. Asimismo,la niña Violeta Bosico, al carecer del acta de nacimiento no pudo inscribirse en la escuela diurna, sino que se vio obligada a inscribirse en la escuela nocturna, durante el período escolar 1998-1999. Esto les produjo sufrimiento e inseguridad, por lo que este Tribunal valorará esas circunstancias al fijar las reparaciones pertinentes”… “El Estado debe cumplir su obligación de garantizar el acceso a la educación primaria y gratuita de todos los niños, independientemente de su ascendencia u origen, que se deriva de la especial protección que se debe brindar a los niños.”[ CIDH, los Niños Yean y Bosico v. La Republica Dominicana, 11 de julio de 2003, párrafos 204 y 244.]
  • “Asimismo, la psicóloga González Marín señaló que la niña Yenys Bernardino Sierra “fue creciendo en medio de un escenario violento, lo que ha originado en ella sentimientos de inseguridad y desprotección”. Por otro lado, los cambios de residencia le “han generado confusión [y] constantemente cuestiona a su madre el hecho de estar lejos de la comunidad”. Adicionalmente,los traslados tuvieron como consecuencia también que su educación fuera de la comunidad se desarrolle en escuelas en que sólo se habla español [insert. A pesar de que ella es indígena mexicana y no hablaba español]. () La Corte ha establecido en la presente Sentencia que los hechos del caso generaron una afectación en la señora Rosendo Cantú y en su hija que perdura en el tiempo y que ocasionó cambios significativos tanto en sus vidas como en sus relaciones, afectando así su desarrollo personal (supra párrs. 130, 131, 138 y 139). En atención a lo anterior, y teniendo en consideración lo solicitado por los representantes, como lo ha dispuesto el Tribunal en otros casosla Corte estima oportuno ordenar, como medida de satisfacción, que el Estado otorgue becas en instituciones públicas mexicanas, en beneficio de la señora Rosendo Cantú y de su hija, Yenys Bernardino Rosendo, que cubran todos los costos de su educación hasta la conclusión de sus estudios superiores, bien sean técnicos o universitarios.” [CIDH, Rosendo Cantú y Otra vs. México, 31 de agosto de 2010, párrafos 138 y 257]
  • “Ahora bien, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha señalado quepara garantizar el derecho a la educación debe velarse por que en todos los niveles educativos se cumpla con cuatro características esenciales e interrelacionadas: i) disponibilidad, ii) accesibilidad, iii) aceptabilidad y iv) adaptabilidad”[ CIDH, González Lluy y otros vs Ecuador, 1 de septiembre de 2015, párrafo 235]
  (iv) Derecho a la igualdad. No exclusión. No discriminación.
  • “los derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos:a no ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas a la vida privada y a la igual protección de ley de la peticionaria fueron violados al no renovarse su matrícula y obligada a abandonar el establecimiento educacional “Colegio Andrés Bello” de Coquimbo, colegio particular subvencionado de financiamiento compartido, en que cursaba su enseñanza, por el único hecho de encontrarse embarazada.”[ CIDH, Caso 12.046; Informe No. 32/02 (Solución Amistosa), Chile, 12 de abril de 2002, IV; párrafo 14 (2).]
  • “Además, el Tribunal ha señalado que “los Estados deben abstenerse de realizar acciones que de cualquier manera vayan dirigidas, directa o indirectamente, a crear situaciones de discriminación de jure o de facto” 299.Los Estados están obligados “a adoptar medidas positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en sus sociedades, en  perjuicio de determinado grupo de personas. Esto implica el deber especial de protección que el Estado debe ejercer con respecto a actuaciones y prácticas de terceros que, bajo su tolerancia o aquiescencia, creen, mantengan o favorezcan las situaciones discriminatorias”  (…) 273. En el presente caso está establecido que la situación de extrema y especial vulnerabilidad de los miembros de la Comunidad se debe, inter alia, a la falta de recursos adecuados y efectivos que en los hechos proteja los derechos de los indígenas y no sólo de manera formal; la débil presencia de instituciones estatales obligadas a prestar servicios y bienes a los miembros de la Comunidad, en especial, alimentación, agua, salud y educación” (…) “275. Por lo expuesto, y de conformidad con las violaciones de los derechos previamente declaradas, la Corte considera que el Estado no ha adoptado medidas suficientes y efectivas para garantizar sin discriminación los derechos de los miembros de la Comunidad Xákmok Kásek.”[ CIDH, Xákmok Kásek vs. Paraguay, 24 de agosto de 2010, párrafos 265-275]
  • El interés superior del niño no puede ser utilizado para amparar la discriminación en contra de la madre o el padre por la orientación sexual de cualquiera de ellos. De este modo, el juzgador no puede tomar en consideración esta condición social como elemento para decidir sobre una tuición o custodia”.[ CIDH; Atala Riffo y Niñas Vs. Chile, 24 de febrero de 2012, párrafo 110]
  • “Como se observa, existen tres obligaciones inherentes al derecho a la educación en relación a las personas que conviven con VIH/SIDA: (…) y iii)el derecho a que la educación promueva su inclusión y no discriminación dentro del entorno social”.[ CIDH, González Lluy y otros vs Ecuador, 1 de septiembre de 2015, párrafo 241]
  (v) Discapacidad:
  • “Como parte de la evolución del concepto de discapacidad, el modelo social de discapacidad entiende la discapacidad como el resultado de la interacción entre las características funcionales de una persona y las barreras en su entorno.Esta Corte ha establecido que la discapacidad no se define exclusivamente por la presencia de una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, sino que se interrelaciona con las barreras o limitaciones que socialmente existen para que las personas puedan ejercer sus derechos de manera efectiva.”[ CIDH, González Lluy y otros vs Ecuador, 1 de septiembre de 2015, párrafo 237]
  (vi) Niños y niñas privados de la libertad:
  • “En este sentido, los artículos 6 y 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño incluyen en el derecho a la vida la obligación del Estado de garantizar “en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño”. El Comité de Derechos del Niño ha interpretado la palabra “desarrollo” de una manera amplia, holística, que abarca lo físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social.Mirado así, un Estado tiene, respecto de niños privados de libertad y, por lo tanto, bajo su custodia, la obligación de, inter alia, proveerlos de asistencia de salud y de educación, para así asegurarse de que la detención a la que los niños están sujetos no destruirá sus proyectos de vida. En este sentido, las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad establecen que: 13. No se deberá negar a los menores privados de libertad, por razón de su condición, los derechos civiles, económicos, sociales o culturales que les correspondan de conformidad con la legislación nacional o el derecho internacional y que sean compatibles con la privación de la libertad”.[ CIDH, Caso “Instituto de Reeducación del Menor” Vs. Paraguay, 2 de septiembre de 2004, párrafo 161.]
  • “En consonancia con lo dicho anteriormente,las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing) disponen que: Los menores confinados en establecimientos penitenciarios recibirán los cuidados, la protección y toda la asistencia necesaria – social, educacional, profesional, sicológica, médica y física – que puedan requerir debido a su edad, sexo y personalidad y en interés de su desarrollo sano.” [CIDH, Caso “Instituto de Reeducación del Menor” Vs. Paraguay, 2 de septiembre de 2004, párrafo 163]
  • “Está también probado que el Estado no brindó a los niños internos la educación que éstos requerían y a la cual aquél estaba obligado, tanto en razón de la protección del derecho a la vida entendido en el sentido señalado anteriormente, como por la disposición del artículo 13 del Protocolo Adicional a la Convención Americana en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El programa educativo que se ofrecía en el Instituto era deficiente, ya que carecía de maestros y recursos adecuados (supra párr. 134.12). Este incumplimiento del Estado causa consecuencias todavía más serias cuando los niños privados de libertad provienen de sectores marginales de la sociedad, como ocurre en el presente caso, pues ello les limita sus posibilidades de reinserción efectiva en la sociedad y el desarrollo de sus proyectos de vida”.[ CIDH, Caso “Instituto de Reeducación del Menor” Vs. Paraguay, 2 de septiembre de 2004, párrafo 174]