La evaluación diferenciada constituye un derecho del personal docente, al ser el Estado mexicano pluricultural, en el que los docentes desarrollan su trabajo en contextos sociales, culturales y económicos distintos.

Número de Tesis o número de Expediente

  • R.A. 52/2016

Qué dice la tesis

El hecho de que la evaluación docente tome en consideración el contexto en el que los docentes desarrollan su función, no se considera un trato desigual, al contrario constituye un derecho de dicho personal, partiendo de la premisa de que el Estado mexicano es pluricultural y los docentes desarrollan su trabajo en distintos lugares con contextos sociales, culturales y económicos distintos.  
Resumen del Juicio:
Amparo indirecto interpuesto por un grupo de docentes que impugnaron diversas leyes derivadas de la reforma educativa por considerar que las mismas contravienen los artículos 3 constitucional y 20 del Convenio 169 de la OIT; ya que estas leyes contemplan que se debe contextualizar la evaluación  por región. Exponen que el conocimiento educativo es el mismo en todo el país, por tanto, sólo debe aplicarse una evaluación y no una multiplicidad. Consideran que la realización de diversas evaluaciones en atención al contexto constituye un acto discriminatorio. De igual forma, establecen que las normas reclamadas (i) contravienen su dignidad humana, pues se les somete a nuevas exigencias en un ámbito de desigualdad para desarrollar su trabajo; (ii) violan lo establecido en el artículo 5 constitucional que regula la libertad de trabajo, pues se les aplicará una evaluación por regiones, en un ámbito de discrecionalidad, y con limitación a su trabajo; (iii) vulneran el artículo 14 constitucional al aplicarse de manera retroactiva en contravención a sus derechos adquiridos, pues reducen sus prestaciones laborales contenidas en el artículo 123 apartado B, constitucional y; (iv) condicionan su permanencia a un proceso de evaluación.
Qué dice la sentencia del derecho a la educación 
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establece que los quejosos no mencionaron de manera explícita como acto reclamado el artículo 8º de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, sin  embargo en el contenido de los conceptos de violación los quejosos hacen alusión a dicho precepto y reclaman su inconstitucionalidad, aduciendo que el mismo constituye un acto discriminatorio que transgrede lo dispuesto en el Convenio 169 de la OIT.  En ese sentido la Suprema Corte determinó que el artículo 8o. de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, no es contrario al artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni al numeral 20 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, pues al establecer que las evaluaciones que lleven a cabo las autoridades educativas, deben considerar los contextos demográfico, social y económico de los agentes del Sistema Educativo Nacional, los recursos o insumos humanos, materiales y financieros destinados a éste y demás condiciones que intervengan en el proceso de enseñanza-aprendizaje, no se da un trato desigual a los docentes. Lo anterior toda vez que tomar en consideración el contexto en el que desarrollan su función, constituye un derecho de dicho personal, partiendo de la premisa de que el Estado Mexicano es pluricultural y que los docentes desarrollan su trabajo en distintos lugares con contextos sociales, culturales y económicos distintos, cuestión que es acorde con la contextualización de la evaluación.”   
Tipo de Resolución:
  • Amparo en Revisión
Instancia: 
  • Segunda Sala
Año: 
  • 2016
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