Amparo contra el malgasto educativo y obtención del interés legítimo

Es obligación del Estado Mexicano garantizar el derecho de todos los niños, niñas y jóvenes a una educación de calidad, de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y direcitvos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos. A efecto de lograr lo anterior, el Estado debe garantizar que los recursos educativos sean utilizados de manera eficiente y corregir los desvíos.

A pesar de que la educación es el principal rubro de gasto publico, año con año se verifican desvíos millonarios -principalmente derivados del pago de la nómina magisterial-, que afectan el derecho de los niños a tener una educación de calidad: las escuelas carecen de materiales e infraestructura adecuada o no hay dinero para proporcionar formación para los docentes, por ejemplo. Si se corrige el desvío de recursos educativos, habría más dinero que llegara a lo que los niños, niñas y jóvenes necesitan para aprender.

En febrero de 2013,  interpusimos un amparo indirecto en contra de la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Cámara de Diputados, por su omisión en ejercer sus atribuciones para corregir, prevenir e iniciar quejas, denuncias o procedimientos de responsabilidades ante el desvío ilegal de recursos destinados a la educación, reportado por la Auditoría Superior de la Federación en su Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009 y 2010.

La demanda fue turnada al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal  bajo el expediente 90/2013. El 6 de noviembre de 2013 el Juez Segundo de Distrito emitió sentencia sobreseyendo el juicio por falta de interés legítimo de las quejosas.

El 9 de diciembre de 2013,  promovimos recurso de revisión en contra de dicha sentencia. Este recurso fue turnado al Décimo Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa del Distrito Federal, con el expediente número A.R. 6/2014, en la ponencia del Ministro Pardo Rebolledo.

El 26 de febrero de 2014 el Ministro Arturo Zaldívar solicitó ejercer la facultad de atracción para que fuera la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien resolviera este asunto. A esa facultad de atracción  le correspondió el número de expediente 48/2014. 

En la sesión del 9 de abril de 2014, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la facultad de atracción 48/2014, determinando que el asunto cumplía con los requisitos de importancia y trascendencia.

El recurso de revisión interpuesto  fue entonces remitido a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se la asignó el número de expediente A.R. 323/2014. El 11 de marzo de 2015, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió por unanimidad amparar y proteger a nuestra asociación reconociéndole el interés legítimo para defender el derecho a la educación, obligando a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a ejercer todas sus facultades para corregir el malgasto, iniciar y concluir procedimientos para recuperar el dinero desviado de la educación, presentar denuncias penales en contra de los responsables del desvío de recursos e iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa.

La SCJN emitió 13 tesis aisladas derivadas de este juicio, que ahora fungen como criterios sobre el derecho a la educación y la responsabilidad de las autoridades para garantizarlo, que son orientadores para todos los jueces del país.

En cumplimiento de la sentencia se logró, entre otras cuestiones, que la Auditoría Superior de la Federación presentara 87 denuncias penales, y diera seguimiento a 147 denuncias ante órganos de control estatales por desvío de recursos federales destinados a la educación. Asimismo la Auditoría tuvo que demostrar ante el Juzgado que había llevado los procedimientos resarcitorios correspondientes y que los estados habían efectivametne devuelto a la Federación los siguientes recursos que fueron desviados:

  • Más de $ 1,028,748,264.95 pesos respecto de los desvíos del Ejercicio Fiscal
  • Más de $ 237,651,966.08 pesos respecto de los desvíos del Ejercicio Fiscal
  • TOTAL: Más de 1,266,400,231.03 pesos

 

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