Denuncias administrativas por pagos ilegales.

Es obligación del Estado Mexicano garantizar el derecho de todos los niños, niñas y jóvenes a una educación de calidad, de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y direcitvos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos. A efecto de lograr lo anterior, el Estado debe garantizar que los recursos educativos sean utilizados de manera eficiente y corregir y sancionar los desvíos de los mismos.

A pesar de que la educación es el principal rubro de gasto publico, año con año se verifican desvíos millonarios -principalmente derivados del pago de la nómina magisterial-, que afectan el derecho de los niños a tener una educación de calidad: las escuelas carecen de materiales e infraestructura adecuada o no hay dinero para proporcionar formación para los docentes, por ejemplo. Si se corrige el desvío de recursos educativos, habría más dinero que llegara a lo que los niños, niñas y jóvenes necesitan para aprender.

En mayo de 2014, interpusimos  treinta y dos denuncias administrativas ante las contralorías y órganos internos de control de las Secretarías de Educación o sus equivalentes de cada una de las entidades federativas, en contra de los servidores públicos responsables del pago de la nómina magisterial. Ello en razón del pago ilegal a comisionados sindicales con recursos públicos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB). 

Los únicos Estados de los que se obtuvo respuesta fueron Chiapas, Jalisco y Querétaro, mismos que notificaron la terminación del procedimiento.
  • Caso Chiapas: El 9 de enero de 2015 presentamos un recurso de revisión contra la respuesta proporcionada por la Subsecretaría Jurídica y de Prevención de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Chiapas, que estableció que se archivaría el asunto y dar por concluidas las investigaciones, ya que de acuerdo con esta dependencia sería la Auditoría Superior de la Federación, la que debía actuar conforme a sus facultades.
Llegamos hasta el Tribunal Superior de Justicia del Estado, que al final resolvió en nuestra contra y declaró improcedente el Juicio Contencioso Administrativo.
  • Caso de Jalisco: En Jalisco determinaron no iniciar procedimientos por considerar que nuestra información era “obscura”, aun cuando se adjuntaron diversas pruebas respecto del desvío de recursos realizado.
  • Caso Querétaro: El Órgano Interno de Control de la USEBEQ estableció que no existe algún tipo de responsabilidad ni pago indebido.

De la experiencia de estos 32 procedimientos aprendimos que el actuar de los órganos internos de control en todas las entidades federativas es obscuro, inoperante e ineficaz. Además, al existir criterios jurisprudenciales que establecen que un particular no tiene legitimación para ampararse o interponer algún tipo de recurso en contra de las resoluciones de estos órganos, se perpetua la falta de transparencia y de rendición de cuentas de los mismos.