Amparo contra Acuerdos Ilegales entre SEGOB y CNTE

El artículo 3 constitucional establece que para garantizar la calidad en la educación obligatoria, el Estado deberá asegurar la idoneidad de los docentes y los directivos para lograr el máximo logro de aprendizaje de los educandos.

A partir de la reforma constitucional en materia educativa de 2013, se estableció que para el ingreso, permanencia y promoción en el servicio profesional docente se llevarían a cabo evaluaciones a los docentes. Esa es una de las formas que el Constituyente Permanente previó para asegurar la idoneidad docente.

En febrero de 2015 se inició una movilización de maestros de Oaxaca hacia la Ciudad de México. Como es habitual, miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) fueron recibidos por la Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), se llevaron a cabo reuniones y mesas de negociación entre autoridades federales y representantes sindicales, en las que se firmaron ciertos acuerdos. Una vez firmados los acuerdos, la CNTE paró sus movilizaciones en la Ciudad de México.

Presentamos ante SEGOB solicitudes de información respecto a los acuerdos alcanzados y pedimos formalmente al Titular de la SEGOB que nulificara los acuerdos suscritos por el subsecretario, por ser contrarios a la Constitución, la Ley General de Educación y diversas disposiciones de la Ley General del Servicio Profesional Docente. SEGOB respondió que no procedía la nulidad porque los acuerdos se ajustaban a derecho.

El 14 de abril de 2015, promovimos demanda de amparo indirecto que fue turnada al Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México bajo el número de expediente 700/2015. El acto reclamado es principalmente, el compromiso firmados por la SEGOB, SEP, el Gobernador de Oaxaca y el IEEPO plasmado en la minuta del 10 de febrero de 2015 que establece que el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Oaxaca “seguirán siendo respetuosos de los acuerdos suscritos” anteriormente y reiteran su compromiso de mantenerlos vigentes. Algunos de los acuerdos firmados antes de esa fecha que consideramos ilegales son:
  • Otorgaron como patrimonio de la Sección XXII un banco de plazas que implica el tratamiento de las plazas docentes como bienes susceptibles de ser vendidos, rentados o heredados y que se pueden otorgar por la sección sindical sin criterios claros, en contravención con la Constitución y la Ley General del Servicio Profesional Docente. (Acuerdo de 28 de octubre de 1992)
  • Dieron derecho a los docentes a no ser despedidos o separados aun cuando en la tercera evaluación no obtuvieran resultados satisfactorios (como lo marca la ley para maestros que hayan entrado al servicio a partir de 2013). (Acuerdo de 5 de noviembre de 2013).
  • Establecieron que “Ningún trabajador podrá ser removido, ni cambiado de su centro de trabajo, ni sufrir detrimento en su salario o remuneraciones, o en su caso no podrá ser removido o cambiado en las funciones que venían realizando al 11 de septiembre de 2013” (Acuerdo del 27 de mayo de 2014). Según la ley, un maestro en servicio que contaba con plaza docente previo a esa fecha que no alcance resultado suficiente en la tercera evaluación, debe ser readscrito para continuar en otras tareas.
  • Dieron derecho a los docentes a obtener incentivos de carácter económico, promociones y demás reconocimientos por “buen desempeño” (Acuerdo de 5 de noviembre de 2013). La ley establece los supuestos y condiciones que deben darse para los incentivos y promociones.
 

El 12 de julio de 2016, el Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, nos concedió el amparo por considerar que los compromisos firmados se traducían en una violación directa al derecho a la educación establecido en el artículo 3º constitucional.

Dicho amparo se otorgó para el efecto de que las autoridades responsables dejen insubsistentes los acuerdos. De igual forma, se determinó que con la firma de dichos acuerdos se otorgó un régimen de excepción a la Sección sindical referida, que no encuentra justificación válida; por lo que la firma de los compromisos mencionados se traduce en una violación al derecho a la educación.

Actualmente, se encuentra pendiente de resolución el amparo en revisión interpuesto por la Secretaría de Gobernación y el Gobierno de Oaxaca.